Políticas Sociales de Desarrollo
Humano Prioritarias para el Estado Panameño
Verona Salmon

Después de los grupos indígenas, los afro descendientes en América Latina, incluyendo Panamá, son los más pobres y excluidos social e históricamente de las políticas sociales de los Estado. Después de 500 años no ha habido reparación sino nuevas formas de racismo, discriminación y dominación contemporánea. No podemos dejar de lado un elemento subjetivo en nuestra reflexión el hecho de pertenecer al grupo étnico afro descendiente como elemento de concienciación y motivación positiva hacia nuestras raíces ancestrales que marcó nuestra esencia de ser y nuestra presencia en nuestro continente.

Para efecto de este trabajo estaremos revisando la exclusión de los pueblos originarios, las comunidades afro descendientes, la mujer desde la perspectiva de género, y las personas con discapacidad, como parte de los grupos excluidos en nuestra sociedad. Tomando en cuenta que no son las únicas políticas sociales prioritarias que el Estado debe desarrollar, pero, estas se hacen necesarias por la deuda histórica, la situación de pobreza y pobreza extrema en que se mantiene con los indígenas y afro ascendientes, además el cumplimiento de las existentes en torno a las mujeres y a la política que se está implementando dirigidas a las personas con discapacidad a través deSENADIS.

LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y PANAMA

La exclusión social se entiende como un proceso a través del cual las personas y grupos son total o parcialmente excluidos de su completa participación en la sociedad en que viven. Es un proceso acumulativo por eso es histórico y circular, además es un hecho multidimensional, por lo tanto, es un problema estructural en nuestros países.

Implica por lo tanto la falta de acceso a oportunidades, servicios participación ciudadana y al goce de una vida plena y digna, por lo tanto reducir la exclusión social solo a instancias de discriminación seria perder de vista el enfoque holístico e integral del problema.

La exclusión social consiste en la imposibilidad de un sujeto o grupo social de insertarse en la sociedad y en el mercado y ser, así, un ciudadano pleno. Sobre esa base, mencionaremos algunos factores que intervienen en la exclusión social:

•La debilidad y escasez de los mecanismos de participación económica, social y política en la sociedad
•La dificultad para influir en las decisiones políticas que afectan a los propios excluidos.
•La dificultad para aprovechar las oportunidades de inserción social debido a la situación general de               marginalización.
•La condición de pobreza, o de riesgo permanente de caer en ésta.

La relación entre los conceptos de pobreza y exclusión puede entenderse en diversas formas. Siguiendo lo establecido en documentos de la OIT puede hablarse de exclusión social como una parte de la pobreza. En tal caso, se podría considerar pobre a quien no tiene acceso a determinados bienes básicos (concepto tradicional de pobreza) y a ciertas oportunidades de participación económica o social (exclusión social) También exclusión social puede entenderse como un concepto alternativo al de pobreza, basado en otros indicadores. También existe la opción intermedia, de ver a la exclusión social como una noción amplia de pobreza, que contiene más dimensiones. En esta óptica, exclusión es un concepto multidimencional que contiene aspectos materiales e inmateriales de participación económica, política, social y cultural en la sociedad, y es también un concepto dinámico que permite observar estas variables como procesos. (Gacitúa Stanislao, Sojo Carlos, con Davis Shelton H., 2003)

En lo que respecta a Panamá tenemos que es un país con muchos beneficios, es por geografía Centroamericana, por Historia suramericano y por prácticas culturales y representaciones sociales muy caribeño, las diferencias entre las ciudades y el mundo rural son significativas, como también lo son las culturas diversas que conviven entre los distintos grupos humanos que coexisten en el país, sin olvidar la larga presencia colonial y neocolonial norteamericana desde el Siglo XIX que ha marcado nuestra historia, identidad y visión del mundo. (Instituto de la Mujer, de la universidad de Panamá, 2001). No obstante, América Latina tiene 223 millones de pobres, entre ellos 105 millones de indigentes, cifras que reflejan una recaída en la lucha contra la pobreza y la desigualdad a niveles inaceptables, según José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL). “En este campo no solo no ha habido avance, sino que incluso ha habido retroceso”, opinión emitida durante la inauguración de la conferencia internacional ‘Institucionalización de las Políticas Sociales para la superación de la pobreza”. Latinoamérica continúa como hace años, en los primeros lugares como la región más desigual del mundo, afirmando además, que aunque es alentador que este año la mayoría de los países latinoamericanos registrarán tasas de crecimiento positivas, ésta es una situación insuficiente debido a ‘los patrones de desarrollo económico que generan tendencias distributivas desfavorables”. También afirmó que para superar este problema, las políticas económica y social deben ser “dos caras de la misma moneda” y colocar las metas de equidad y el combate a la pobreza en el centro de la agenda del desarrollo.


DERECHOS HUMANOS Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Los derechos humanos agregan valor a la agenda del desarrollo, pues incorporan a ella los principios de justicia social al ubicar la prioridad en los excluidos, especialmente de aquellos que sufren privaciones causadas por la discriminación (Naciones Unidas, 2002).

Panamá, en su posición de estado miembro, ha adoptado la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales relativos a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado panameño ha adoptado la obligación de hacer efectivos todos los DERECHOS HUMANOS PARA TODAS LAS PERSONAS.

Tanto el Estado como los diferentes actores sociales tienen papeles importantes que desempeñan en la efectiva realización de estos derechos. El Estado tiene, no obstante, la responsabilidad de ser principal garante de los Derechos Humanos mediante la garantía de su pleno respeto en los derechos políticos y actividades de los poderes públicos, el fomento de sus ejercicios por parte de todos los ciudadanos, la adecuada ejecución de las atribuciones de vigilancia y sanción que competen y una debida difusión y promoción de dichos derechos, con el ánimo de lograr la implementación de una cultura de derechos en el País.

Panamá, ha ratificado pactos nacionales y expresado los planes nacionales de desarrollo. Entre tales pactos se destacan la Visión 2020 y los Acuerdos de Bambito (1993 y 1994), que definieron por amplio consenso, una agenda nacional centrada en la universalización de la salud y la educación, la modernización de la justicia, el fortalecimiento de la democracia y la administración independiente del Canal de Panamá.

La visión nacional 2020, que contó con una amplia participación de la sociedad civil (1977) definió un marco para consolidar la nación bajo condiciones de equidad, justicia, institucionalidad democrática y sostenibilidad. Es importante mencionar el pacto por la Juventud, el pacto por la Descentralización y el Desarrollo Social y el pacto Mujer y Desarrollo, acordado por la nación panameña en 1999.

El objetivo de garantizar los Derechos Humanos coincide también con los tratados, convenciones y pactos vinculantes, que han sido adoptados por Panamá, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño.

Contribuye también al cumplimiento de las metas adoptadas por Panamá en las Cumbres Mundiales de la última década y en la Cumbre del Milenio, en dicha cumbre las metas aprobadas para el año 2015, por las Naciones Unidas del mundo son:

1. Erradicar la pobreza y el hambre.
2.Lograr acceso universal a la educación primaria.
3.Promover la igualdad de género.
4.Reducir la mortalidad infantil
5.Mejorar la salud materna.
6.Combatir el HIV / SIDA, la malaria y otras enfermedades, asegurar también sostenibilidad ambiental.
7.Lograr una asociación global para el desarrollo.

La participación de Panamá en la Tercera Conferencia Mundial sobre el racismo y las Formas Conexas de Intolerancia en Durban Sudáfrica. En septiembre de 2000, La Ley No. 103 del 1 de septiembre de 2004, creando la secretaria nacional para la integración de personas con discapacidad — SENADIS, cuya tarea primordial es la de Asesoría al Órgano Ejecutivo y coordinación intersectorial de las instituciones gubernamentales, dirigido a promover el desarrollo eficiente de políticas públicas para la inclusión social plena de las personas con discapacidad y sus familias. (Campos L. Manuel De Jesús,2005)

Todas estas ratificaciones y pactos nos dan la fuerza legal y moral para exigir sus cumplimientos y que redunden en la incorporación de los sectores históricamente excluidos y discriminados socialmente

EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA

Como resultado del acceso desigual a la estructura de oportunidades se manifiesta la pobreza y sus patrones espaciales de persistencia y cuyo análisis propone con creciente número de evidencias científicas que la pobreza es el resultado de una distribución desigual de los recursos más que la carencia de los mismos, así como de la permanencia de una estructura de oportunidades excluyente.

Una cuantificación de la pobreza en Panamá, de acuerdo a la Encuesta de Niveles de Vida (1997), indica que más de un millón de personas vivía bajo la línea de pobreza (37.3%) y de éstos el 18.8% en pobreza extrema. Esto indica que 514,800 personas no acceden al nivel mínimo promedio de calorías diarias reflejado en la canasta básica de alimentos.   La pobreza urbana cubre 232 mil personas, lo cual afecta a 38,033 hogares; de éstos 7,060 se encuentran en condiciones de extrema pobreza en ésta área está asociada al desempleo y las ocupaciones de baja productividad, sus ingresos son inestables y precarios. Se identifican bolsones de pobreza dentro del área urbana y urbana marginal en distritos como: San Miguelito, Colón, Panamá y Penonomé.

La pobreza rural no indígena es la pobreza más grande en número y se relaciona con el precario acceso a la tierra y los recursos productivos, la falta de títulos de propiedad y elevados índices de exclusión de los servicios locales básicos. La natalidad es de 22.7 nacimientos vivos por cada mil habitantes; una tasa de mortalidad infantil de 16.7 defunciones de menores de un año por cada mil nacimientos vivos; la tasa de mortalidad general es de 4.1 defunciones por cada mil habitantes y una tasa global de fecundidad de 2.5 hijos por mujer. Los indicadores educativos expresan un 8.2% de mujeres analfabetas y 7.15 de hombres en esta condición.

Por otra parte, en Panamá existen ocho pueblos indígenas, los cuales concentran el 10% de la población nacional. Esta población ya tiene tres comarcas bien definidas: Kuna Yala, Emberá y Ngobé Buglé. Más del 95% de los residentes de estas áreas son pobres; 86% viven en condiciones de extrema pobreza. La pobreza indígena es la más profunda de las pobrezas; es el pueblo más discriminado del país, siendo sus problemas tratados de forma segmentada, puntual y con desconocimiento de la naturaleza de sus culturas.

Su escolaridad promedio es la mitad de la de los panameños no indígenas (4,5 grados vs. 8,4 grados) y llega a ser casi nulas (0,9 grados) entre los indígenas que no hablan español. Los salarios por hora de los indígenas son aproximadamente un 32% más bajos que el de los no indígenas. El promedio de a población analfabeta es de 39.6% y la media de ingreso mensual de la población ocupada de B/78.90 y la media de ingreso mensual por hogar es de B/72.00.

Para Panamá erradicar definitivamente la pobreza debe enfrentar el desafío de construir sociedades inclusivas con políticas multiculturales. Para unos grupos humanos excluidos desde la perspectiva histórica y social no han podido alcanzar un desarrollo humano que implica ampliar sus opciones, donde tengan la oportunidad de elegir las formas de vida que deseen, pero brindado las herramientas y oportunidades.

La exclusión de los grupos Indígenas y Afro descendientes, pueden reflejarse en las políticas sociales del Estado, debido a la discriminación y desventaja y las malas atenciones en los servicios de salud, falta de acceso a la educación, empleo, vivienda, representación política.

Carecen de representación políticas adecuadas y sufren de una carga diaria de hostilidad y dificultades para accesar a los servicios públicos. La salud, la educación y la igualdad de género deberían ser preocupación de nuestros gobiernos.

Se necesitan políticas multiculturales donde los Estados:
•Deben reconocer las diferencias culturales en sus constituciones, leyes e instituciones.
•Se necesitan formular políticas que garanticen que los grupos mayoritarios o dominantes no ignoren ni anulen los intereses de grupos específicos, sean estas minorías o bien mayorías históricamente marginadas.

Para ello es indispensable la creación de un Estado capaz y la garantía de la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos.

La influencia que está ejerciendo la cultura occidental en particular, su “consumismo” en el mundo globalizado en que vivimos, se sostiene con cierta frecuencia y de manera verosímil ya que la libertad de escoger el modo de vida propio en el mundo actual, no implica tan solo la posibilidad de elegir libremente, sino también que las personas de las civilizaciones más desposeídas sean capaces de resistirse a la influencia occidental.

Otro problema que confrontan nuestros grupos humanos excluidos es el poder de la globalización frente a los grupos históricamente excluidos, el cual radica en la asimetría del poder entre occidente y los demás países, que puede traducirse en la dirección de nuestra culturas locales, de allí la importancia de fortalecer espacios y experiencias como los que ofrece el Museo Afro antillano en Panamá, de promover la cultura de los afrodecendientes, los programas como “Mano Amiga”, que fortalecen la cultura popular de nuestras comunidades de alto riesgo y son líneas aceptables para responder al problema de la asimetría.

La exclusión social, económica y política pertenecía a una etnia, lengua, religión, género, o personas con discapacidad, quienes vienen a ser la discriminación o postergación ejercida sobre la base de la identidad cultural. La exclusión social a la cual han estado, por más de 500 años, expuestos y marginados nuestras comunidades de poblaciones de afro descendientes, las comunidades indígenas y las (los) discriminados por género, en detrimento de su calidad de vida de manea intergeneracional en donde la pobreza no solamente tiene que ver con el hambre y la falta de alimentos, sino, con aspectos sicológicos importantes como la impotencia, desesperanza, falta de credibilidad, la falta de voz, la dependencia la vergüenza

Esta exclusión se instrumentaliza a través de políticas discriminatorias dictadas por el Estado, en la negación de su desarrollo, en América Latina y el Caribe, donde por la exclusión social del indígena, los grupos de ascendencia africana, las personas con discapacidad y lo a las personas VIH positivas, ellos no han tenido acceso a sus derechos fundamentales y a la igualdad de oportunidades.

¿De qué manera podrían los Estados ser más inclusivo? La democracia, el desarrollo equitativo y la cohesión del Estado, son factores esenciales, pero también es necesario contar con políticas multiculturales” (PNUD, 2005).

Para dar respuestas a las grandes desigualdades y políticas discriminatorias existentes que queden observadas visiblemente en comunidades donde históricamente al igual que América Latina, se encuentran los grupos segregados indígenas, Chiriquí, Darién, Bocas del Toro, Kuna Yala, los afro descendientes en Colón, Bocas del Toro, Darién, Comunidades Urbano Marginales en Panamá, Chorrillo, Curundú, Rió Abajo, entre otras.

EXCLUSIÓN SOCIAL Y GÉNERO

Desde los inicios del Estado Nacional, la mujer panameña se incorpora al proceso de desarrollo político, socioeconómico y cultural del país en forma creciente y determinada por los roles sociales asignados a la mujer, por ser mujer, culturalmente, en cada momento histórico de la vida republicana (Moreno de Rivera Alda Libia, Márquez de Pérez Amelia, 1992).

En Panamá, al igual que lo otros países de América Latina todavía encontramos resabios de la cultura patriarcal que coloca a la mujer en un plano secundario con manifestaciones de discriminación y subordinación. Se mantienen los estereotipos y prejuicios establecidos por la cultura androcentrista.

La carta magna del Estado panameño, consigna en su artículo 19 “no habrá fuero ni privilegio personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, nacimiento, religión o ideas políticas. En otros lineamientos políticos, la constitución establece la igualdad genérica en cuanto a derecho sociales como al trabajo, a la educación, a la cultura, a la salud y seguridad social, a los derechos políticos, como igualdad en el sufragio, en la adquisición de la ciudadanía, en la administración de justicia y a derechos económicos, como la participación de las actividades de generación de ingresos.

La legislación panameña presenta, en términos generales pocas discriminaciones en razón de géneros al igual que Panamá ha ratificado los diferentes convenios, pactos internacionales sobre la igualdad y equidad de género.

En 1999 el movimiento de mujeres de Panamá logró la firma de la segunda versión del Pacto Mujer y Desarrollo, comprometiendo al Estado Panameño a seguir impulsando y desarrollando políticas gubernamentales dirigidas a colaborar con el proceso hacia la igualdad social entre nombres y mujeres. Además de formular y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género, contribuir a la plena democratización del país, llegando a formalizar el compromiso de dar impulso y continuidad para lograr el máximo cumplimiento y desarrollo del programa Promoción de la Igualdad de Oportunidades en Panamá, promovido y negociado por las organizaciones de mujeres panameñas con la Unión Europea para el Desarrollo de proyectos que van en beneficio de la población panameña “Hoy a casi dos años de tal compromiso es altamente dudoso que este haya sido cumplido en su letra o espíritu. Por el contrario el enorme y complejo proceso de políticas públicas montado en Panamá parece mostrar algunos muy buenos avances e impactos, a la vez que una aura de parálisis cuando no de franco retroceso” (Arce Mariela, Allard Briceida, 2001).

En Panamá, son mínimas las disparidades entre mujeres y hombres en los niveles universitarios, de cada 3 egresados, 2 son mujeres, las que además representan un 35 y 30% de la fuerza de trabajo activa, casi el 50% de la población total. Sin embargo, las diferencias y exclusiones educativas se presentan en las posiciones disminuyen o se hacen menos accesibles en las posiciones ejecutivas y gerenciales que están mayormente en manos masculinas, la presencia femenina es muy alta en las carreras y profesiones históricamente asignadas por los bajos salarios, bajo perfil tecnológico y escaso prestigio.

En el caso de las mujeres indígenas o rurales excluidas por ser pobres, por etnicidad, por situación geográfica, en su mayoría padecen de altos niveles de analfabetismo y están excluidas en la participación política, social y económica, al igual que las comunidades de ascendencia afro excluida del mercado laboral social y político.

Otras de las formas de exclusión es el racismo “no es solo una actitud de desprecio o de miedo a quienes pertenecen a otros grupos definidos por criterios genéticos (como el color de la piel) o por criterios Sociales (adscripción religiosa, pautas culturales, preferencia lingüística etc.), desde el punto de vista operativo, el racismo ha adoptado la forma de lo que podemos denominar “etnificación’ de la fuerza del trabajo”. Es decir, en todo momento ha existido una jerarquía de profesionales y de remuneraciones proporcionada a ciertos criterios supuestamente sociales. Pero mientras el modelo de etnificación ha sido constante, sus detalles han variado con el lugar y con el tiempo, dependiendo de la localización de los pueblos y de las razas que se encontraban en un espacio y tiempo concreto (Tareas, Panamá, 1993).

El desafío, entonces se orienta mucho más allá de los cambios en legislación o de la reestructuración de las políticas públicas, o del mero aumento de tas mujeres en los cargos públicos y privados, se orienta a crear las condiciones para hacer de esta sociedad el espacio de nuevas relaciones ínter genéricas, la revisión de los modelos de lo femenino y masculino donde prive el respeto, la igualdad, la tolerancia, para crear formas de convivencia humanas en las que ninguna desigualdad, o manejo del poder se encuentre legitimada de forma alguna ni invisibilizada y sustentadas en las estructuras, instituciones y relaciones interpersonal.

EXCLUSIÓN SOCIAL POR DISCAPACIDAD

Todo lo que es homogéneo “sono”, y si reúne algunas características que la sociedad occidental legitimiza, es aceptable y validada por la sociedad.

Las personas con discapacidad en Panamá no han escapado de una cruda realidad de ser excluidos dentro de las políticas sociales del País. Han vivido como ciudadanos de segunda categoría, excluidos y marginados del desarrollo de esta Nación.

El Estado panameño al iniciar una gestión, sanciono la ley para la integración social de las personas con discapacidad como parte de sus políticas sociales de prioridad para el país. Existen una deuda social y moral con este sector, el desafío no es fácil, pero, es el camino hacia la homogenización.
Panamá 5 de abril del 2005.